¿Y estas elecciones qué? Avatares de la construcción de ciudadanía en Colombia.

Como en ningún otro momento, el calendario electoral del país se ha convertido en tema de conversación del colombiano de a pie, que, en el contexto de una avalancha de cambios socioeconómicos y políticos todavía sin metabolizar, advierte un nexo entre las votaciones y los problemas a los que se enfrenta diariamente. Esta observación sorprende en un país cuya historia constitucional incluye el reconocimiento del derecho al voto casi desde el grito de independencia de 1810. ¿Por qué tan larga trayectoria en los tejemanejes del sufragio no se ha materializado en el desarrollo de una sólida cultura política de participación y una consciencia clara del papel del ciudadano en el establecimiento de los poderes públicos que lo gobiernan? ¿Cuál es la particularidad del actual panorama electoral en Colombia?

Una mirada rápida a la historia constitucional de nuestro país pone en evidencia algunos de los principales vicios del establecimiento del Estado colombiano, que, desde sus inicios, se sostiene en una adopción parcializada de los ideales ilustrados y liberales en los que se basa la construcción de ciudadanía. Partiendo de ahí, el lado más oscuro del vínculo entre control político y acceso a la riqueza tomará la forma de un imperativo de exclusión que pautará el ritmo de las dinámicas sociales del país hasta nuestros días. En ausencia del reconocimiento genuino de la igualdad, la libertad de pensamiento o la voluntad popular como sustrato de la soberanía nacional, el derecho al voto se planteará como un formalismo más, reservado para hombres con determinadas rentas y prestigio social que eligen y son elegidos en representación de un cierto número de habitantes a quienes escasamente conoce o ha visto.

La contradicción entre los ideales de la independencia y la acumulación de beneficios particulares fue rápidamente advertida por las clases privilegiadas de la sociedad criolla de todo el continente, que en el escenario de la decadencia española se enfrentaron a la disyuntiva de incrementar sus riquezas o generar sociedades más justas e igualitarias.  En países como Argentina, Chile y Brasil la Independencia dio lugar a un importante flujo de dinero proveniente de las exportaciones y la explotación de materias primas, lo que permitió mantener las aspiraciones de las clases privilegiadas y garantizar derechos universales a sus habitantes. En México las guerras con Estados Unidos y Francia facilitaron la consolidación de un fuerte nacionalismo mexicano que dinamizó la adopción de los ideales ilustrados. En Perú y Venezuela la inmigración se consolidó en un factor clave en el desarrollo de sus sociedades y sus economías.  Por el contrario, en Colombia no sólo se mantuvieron las condiciones de exclusión, sino que se institucionalizaron prácticas de explotación y despojo como estrategias para la conformación de un Estado que no contaba con medios económicos para desarrollarse, no tenía control de su territorio, no ejercía el monopolio de la fuerza y no ponía límite a los alcances de las ambiciones particulares. En este contexto no hubo oportunidad para la conformación real de ciudadanía. El Estado se institucionalizó como instrumento de control de las clases populares sin contraprestación alguna (por ejemplo, el reconocimiento de derechos fundamentales o la generación de mejores condiciones de vida como sucedió en otros países de la región), constituyéndose incluso en su principal explotador.

Bajo estas condiciones, la emergencia de grupos armados, fenómenos como el bandolerismo y la capacidad de influencia de gamonales y sacerdotes testimonian el fracaso de la noción de ciudadanía y la ineficiencia del Estado para garantizar los derechos que esta supone. Esta dinámica da lugar a formas mediadas de participación, construidas al amparo de la lógica del don, en las cuales lo que correspondería a cada ciudadano por el simple hecho de serlo (la vida, la libertad, la igualdad, el trabajo, la propiedad, la salud, etc.) es otorgado como favor personal.

En 1991 la instalación de la Asamblea Constituyente abrió las puertas a una resignificación del ejercicio ciudadano, que a pesar de las limitaciones ha representado para muchos la posibilidad de hacer valer su dignidad humana pasando incluso por encima del aparato estatal, financiero y militar. Empero, el alcance de estos esfuerzos ha estado y está acechado por la puesta en juego de una amplia gama de intereses particulares y hábitos sociales que siguen marcando la relación del colombiano de a pie con la política. De la mano con la voracidad de la globalización, el discurso del consumo y la ideología neoliberal fenómenos como el narcotráfico, las bandas criminales, el desplazamiento forzado y la corrupción, entre otros, se constituyen en dispositivos de control orientados a desalentar cualquier intento por hacer efectivos los derechos correspondientes a la condición de ciudadano. En esta línea se inscribe también la famosa práctica de “la mermelada” hecha ley por el gobierno del presidente Santos, que ha terminado con la ya poca credibilidad de la opinión pública en las corporaciones legislativas. Las dádivas del ejecutivo acabaron ramplonamente con el equilibrio de poderes, fundamental en cualquier estado democrático, poniendo en cuestión los fundamentos de la soberanía y develando la banalidad de la representación política y su distancia de la voluntad popular que supuestamente es fuente de su legitimidad. 

Ahora bien, es importante subrayar como un efecto consustancial a esta historia la significación perversa de los derechos ciudadanos, cuyo reconocimiento sólo es válido cuando supone un beneficio personal. Bajo este prisma, lo que constituyen acciones reparadoras y de restitución de derechos a amplios sectores sociales, históricamente vulnerados por el Estado, son entendidas como caridad o soborno y terminan instituyéndose en fuente de polarización y conflicto social. El colombiano de a pie no entiende que se otorguen subsidios a actores armados en proceso de reinserción, a los venezolanos inmigrantes o a los habitantes de calle porque en tanto no ha gozado de la dignidad de un sujeto de derecho no logra atribuir esa condición a otros.

Este año de elecciones es tristemente terreno fértil para la confrontación, principalmente por las condiciones de pobreza e inequidad que afectan a casi toda la población y que favorecen el clima de rivalidad sostenido por la ilusión de acceder a la riqueza que a otro le están dando.  Al no contar con el referente de unas condiciones de igualdad para el disfrute de los derechos, la adhesión a uno u otro candidato, el (des)conocimiento de las instituciones políticas, la degradación de los considerados opositores y la valoración de las propuestas y/o las opciones en función de la experiencia particular se erigen moneda corriente y dan lugar a verdaderas batallas campales de las que salimos perdiendo todos.  

Colombia no será como Venezuela, ni como Cuba, Bolivia o Ecuador porque nunca ha contado ni con los derechos y las garantías que allí se han instituido, ni con un estado fuerte capaz de sostener un orden basado en la legalidad para todos. Se hace urgente partir de la conciencia de estas particularidades de nuestro devenir político, concentrar nuestros esfuerzos en la defensa de la ciudadanía de todos por encima de las personalidades mesiánicas de nuestros gobernantes, nuestros miedos históricos y la naturalización de las prácticas clientelistas. Que el calendario electoral sea una excusa para poner esta necesidad común en primer plano y que podamos encontrar en el dédalo de nuestra actualidad política el camino para generar verdaderas y profundas transformaciones en nuestro proyecto de país, de sociedad y de ciudadanía.